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Sábado 23 de Agosto de
2014
Río Sonora
José
Luis Lezama
La minería es una de las actividades
decisivas y con mayor peso en el actual periodo de la economía mundial; también
de los sectores más poderosos, con mayor capacidad de persuasión ante las
naciones y los gobiernos del mundo, sobre todo en los países no sólo más
pobres, sino en los menos democráticos y más autoritarios. También se cuenta
entre las actividades más depredadoras del medio ambiente y del trabajo humano.
Las potencias económicas no sólo se disputan los mercados
y los consumidores del mundo, también las materias primas. La competencia por los
recursos naturales, por su abaratamiento, por su extracción y comercialización
expedita se ha convertido en una poderosa fuerza que ha forzado a las naciones
a adoptar marcos legales que facilitan la penetración del capital y de las
corporaciones transnacionales.
La minería se aprovecha de estos
marcos normativos nacionales cada vez más permisivos, imponiéndose sobre los
derechos nacionales, de los pueblos indígenas, de los productores del campo. Su
modus operandi, no obstante, cambia
radicalmente al actuar en un país desarrollado y en uno no desarrollado.
El pasado 6 de agosto la mina Buena
Vista del Cobre en Cananea derramó sobre los ríos Bacanuchi y Sonora alrededor
de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, poniendo
en riesgo la salud y la vida de personas y ecosistemas y dañando real y
potencialmente la producción agrícola y ganadera de la región. Por lo pronto 22
mil personas en 7 municipios resultaron afectados; mas adelante se sabrá la
verdadera magnitud del daño.
Todas las actividades humanas están
sujetas al riesgo. No obstante éste puede ser intervenido, atenuado, minimizado
con acciones preventivas. Sus efectos pueden ser también sometidos a acciones
de mitigación y de remediación de distinta magnitud. En el caso del río Sonora,
aun cuando la fuente del derrame y de la contaminación haya sido la mina, y que
sobre ésta recaiga la mayor responsabilidad, no corresponde sólo a ella la
acción preventiva. La autoridad ambiental federal, la Semarnat y la Profepa
tienen a su cargo las tareas y responsabilidad de inspección, vigilancia y
sanción en todos los centros mineros, de actividad extractiva y en el sector
industrial en su conjunto. Esta función es crucial para disminuir la
probabilidad de accidentes y catástrofes que derivan del manejo humano y, en
este caso, de las decisiones técnicas,
económicas y políticas de las actividades mineras.
En el caso de la contaminación del
río Sonora, lo mismo que en otras situaciones de catástrofe ambiental, los
responsables evaden responsabilidades. Los argumentos del Grupo México son
dudosos. Por ejemplo, declaró que el derrame fue provocado por las lluvias
intensas; a lo que el titular de la Semarnat respondió que el día del derrame
no hubo precipitación pluvial. Al mismo tiempo, la compañía señaló que las
sustancias no eran desechos sino materia prima para sus procesos productivos,
con lo cual intentó argüir que no era sujeto de sanción por manejo inadecuado
de desechos tóxicos. Las inspecciones señalan que si eran desechos y que los
contenedores tenían fallas. El evento parece
servirle al titular de la Semarnat para percatarse que los centros mineros del
país deben ser inspeccionados para evitar o prevenir catástrofes. Posteriormente,
después de un despliegue inicial de indignación y condena al Grupo México, el
viernes pasado, al mismo tiempo que la Conagua declaraba que las aguas del río
Sonora siguen siendo tóxicas y no aptas para el consumo o contacto humano, el
titular de la Semarnat señaló en los medios que no hay que ‘satanizar’ a la
compañía minera, con lo cual parece anunciar el inicio del proceso de
normalización de la catástrofe, de administrar la indignación, e iniciar la
etapa del olvido y la desmemoria. Se trata de no espantar a los inversionistas,
de no ahuyentar al capital privado que la reforma energética ha convocado, y anunciar
al mundo que éste es un país donde existe un derecho a contaminar, de
oportunidades, de negocios.
Las autoridades federales han
insinuado los montos de las multas a las que se puede hacer acreedor el Grupo
México. Se ha hablado de cantidades entre 3 y 40 millones de pesos. En el año
2009, el Grupo México tuvo que pagar a las autoridades de Estados Unidos 1700
millones de dólares para cubrir los costos de la remediación de los daños
ambientales provocados por las sustancias tóxicas vertidas al ambiente por su
subsidiaria ASARCO en 19 estados de la unión americana.
De esa magnitud es la diferencia de
vivir en un país desarrollado y en uno subdesarrollado, así como el valor que
en uno y otro país se da a la naturaleza y a los humanos.
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@jlezama2
Gran articulo que hace evidente (una vez mas) que el Estado (en un pais pobre como Mexico) solo sirve para legalizar las barbaridades cometidas por los grandes corporativos...
ResponderEliminarEstimado Dr. Lezama, tengo una pregunta: ¿Cuánto tiempo va a tardar el río en recuperarse, para que quede limpio y el agua sea potable otra vez? Sí es que tiene remedio.
ResponderEliminar¡Saludos y gracias!